En el marco de una denuncia radicada por el diputado Nicolás Slimel en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la administradora general de la ATP, Bibiana Massiel Kuncheff, explicó que los incidentes de seguridad informática sufridos en 2025 y los reclamos de distintas áreas llevaron al organismo a pedirle a ECOM Chaco una “solución integral”. El dato aparece mientras se conoce el pago de $1.800 millones a empresas privadas por ese diagnóstico y el avance de otra contratación por más de $31.000 millones para “modernización” del organismo tributario.
Un ataque informático al organismo de recaudación tributaria provincial fue la justificación perfecta para que el gobierno de Leandro Zdero destinara una enorme cantidad de fondos públicos hacia empresas privadas dedicadas al desarrollo de software y gestión tributaria. Ya se pagaron $1.800 millones por un diagnóstico de situación y se avanza en un contrato que requerirá de otros $31 mil millones para darle una “solución integral” al problema. Es decir, casi $33 mil millones en total, sólo para la ATP.
El dato surge de una resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en el marco de una denuncia realizada por el diputado justicialista y secretario general del Sindicato de Empleados de Rentas del Chaco (SIEMPRE), Nicolás Slimel. La presentación se realizó contra autoridades de la Administración Tributaria Provincial (ATP). La resolución, firmada por el fiscal Gustavo Leguizamón, con fecha del pasado 18 de agosto, no encontró hechos ilícitos ni faltas administrativas que hubieran provocado perjuicio al erario público. Y por eso decidió su pase a archivo.
Sin embargo, según pudo saber LITIGIO, el expediente contiene un dato relevante sobre el origen de una de las contrataciones que hoy vuelve a quedar bajo la lupa: la propia administradora general de la ATP, Bibiana Massiel Kuncheff, vinculó la necesidad de recurrir a ECOM Chaco con incidentes de seguridad informática sufridos por el organismo a comienzos de 2025 y con reclamos internos por las deficiencias de su infraestructura tecnológica.
El dato cobra especial relevancia en el contexto de las multimillonarias contrataciones que el gobierno de Zdero viene impulsando para la “modernización” de la ATP. Primero fue una consultoría por unos $1.800 millones, vinculada a un diagnóstico de los sistemas y procesos del organismo. Ahora, en base a ese diagnóstico, el Gobierno busca avanzar con una contratación por más de $31.000 millones durante 48 meses para implementar una consultoría integral sobre sistemas, procesos tributarios, inteligencia fiscal e integración de información.
“Incidentes”
En su respuesta a la FIA, Kuncheff explicó que durante 2025 la ATP atravesó “incidentes de seguridad informática” y que, paralelamente, distintas áreas del organismo —incluidas direcciones generales, direcciones y jefaturas— habían formulado reiterados requerimientos y reclamos por la “insuficiencia y obsolescencia de la infraestructura digital disponible”.
A partir de ese escenario, según la explicación de la administradora, la ATP requirió la intervención de ECOM Chaco S.A., en su carácter de empresa tecnológica de la Provincia, para colaborar en la identificación, articulación y eventual implementación de “soluciones integrales”.
La justificación aparece en el expediente administrativo que analizó la FIA y resulta particularmente significativa porque conecta una situación concreta de seguridad informática con el posterior proceso de modernización tecnológica del organismo.
Según Kuncheff, la intervención de ECOM estuvo orientada a mejorar la eficiencia recaudatoria, optimizar la calidad del servicio brindado a los contribuyentes y fortalecer la seguridad de la información administrada por la ATP, que había quedado comprometida a raíz de los acontecimientos mencionados.
La administradora sostuvo además que el trabajo de ECOM se inscribió en políticas de fortalecimiento institucional y modernización administrativa y que estuvo circunscripto a aspectos técnicos de diagnóstico, evaluación y mejora de sistemas, sin implicar —según su versión— delegación, transferencia o tercerización de funciones propias de la ATP.
Qué investigó la FIA
La actuación de la Fiscalía se inició a partir de una presentación realizada por Slimel, quien había denunciado posibles irregularidades relacionadas con la tercerización de servicios, el acceso a información fiscal y la contratación de empresas para tareas vinculadas con sistemas, cobranzas, gestión de mora, recuperación de créditos y recaudación.
El planteo buscaba determinar si, bajo conceptos como “modernización”, “soporte tecnológico” o “gestión de cobranza”, se estaba instrumentando una tercerización total o parcial de funciones esenciales de la ATP, con posibles consecuencias sobre el secreto fiscal, la seguridad de los sistemas y los mecanismos de contratación pública.
La FIA incorporó al expediente la documentación aportada por la ATP y la respuesta de Kuncheff. Entre otros puntos, la funcionaria aseguró que el organismo no había celebrado contratos o convenios con empresas para la gestión de cobro, mora, recuperación de créditos fiscales o recaudación.
Sí reconoció, en cambio, que en diciembre de 2025 se habían suscripto contratos con ECOM Chaco S.A., Pogua Sistemas S.A. y ATS Sistemas y Gestión S.A., aunque sostuvo que sus objetos estaban estrictamente circunscriptos a servicios técnicos de diagnóstico especializados.
También afirmó que se establecieron cláusulas de confidencialidad y que los contratistas no tenían acceso irrestricto a bases de datos ni a información protegida por el secreto fiscal. Según la respuesta incorporada al expediente, la información era suministrada de manera controlada y mediante requerimientos formales canalizados por las áreas competentes.
El archivo
Después de analizar la documentación, la Fiscalía concluyó que la ATP había contratado a ECOM y a otras firmas técnicas para realizar tareas de diagnóstico y mejora de sistemas a raíz de los incidentes de seguridad y de la obsolescencia tecnológica señalada por la propia administración.
La resolución también dejó asentado que una acción de amparo presentada por el sindicato sobre esta cuestión había sido declarada inadmisible por el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación.
Finalmente, la FIA consideró que no se había acreditado la comisión de un hecho ilícito ni una falta administrativa que hubiera ocasionado un perjuicio al erario público y resolvió dar por concluida la investigación y archivar las actuaciones.
Ese cierre, sin embargo, no elimina la relevancia de lo que surge del expediente: la propia ATP reconoce que los problemas de seguridad informática y las deficiencias de su infraestructura tecnológica fueron el punto de partida para solicitar a ECOM una intervención destinada a identificar y eventualmente implementar soluciones integrales.
REVISTA LITIGIO
