El lunes debía comenzar el proceso contra el exjuez federal de Tucumán, Manlio Torcuato Martínez, por prevaricato y encubrimiento en la causa que investigaba los asesinatos de los maestros Francisco Isauro Arancibia, uno de los fundadores de la CTERA y su hermano Arturo, pero se postergó sin fecha. Ambos trabajadores de la educación y sindicalistas tucumanos fueron asesinados el 24 de marzo de 1976. El magistrado fue nombrado en 1974 y fue clave para la concreción del “Operativo Independencia” en esa provincia.
El lunes debía comenzar en Tucumán el juicio por los asesinatos de los maestros Francisco Isauro y Arturo René Arancibia, perpetrados en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal (TOF) suspendió el arranque del proceso sin fijar una nueva fecha para el inicio de las audiencias en las que estará el exjuez federal Manlio Torcuato Martínez entre los acusados. No es la primera vez en el año que la justicia federal tucumana juega a favor de los poderosos: en marzo suspendió también el comienzo del juicio contra los responsables del Ingenio La Fronterita.
Isauro Arancibia vivía en el mismo lugar en el que funcionaba la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), de la que era secretario general. En la madrugada del 24 de marzo, mientras el último golpe de Estado estaba en marcha, Isauro ingresó a su vivienda –ubicada en San Miguel de Tucumán– junto con su hermano Arturo. A los pocos minutos, tres autos de la Brigada de Investigaciones arribaron al lugar. La policía trató de presentar los fusilamientos de los hermanos Arancibia como un enfrentamiento en el que también había caído un policía, Sergio Oscar Fagioli.
Sin embargo, las pruebas recolectadas durante la instrucción de la causa demuestran que, a pesar de lo pedido por la familia de Fagioli, no se le practicó una autopsia. Días después del operativo, una hermana del policía se presentó en la sede de la ATEP y dijo que sospechaba que el policía había sido asesinado por sus propios compañeros.
En el pedido de elevación a juicio, los fiscales Carlos Brito y Pablo Camuña –titular de la oficina tucumana de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH)– sostuvieron que las armas mencionadas en el sumario policial nunca existieron y que no había dudas de que se trató de fusilamientos.
Entre los acusados están tres policías que fueron parte de la patota que irrumpió en la casa de Arancibia: Mario Roberto Escalada, Jorge Daniel Ragonese y José Ricardo Sánchez. También está acusado el exjuez federal Martínez, que había sido juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad, pero después la Cámara Federal de Casación Penal revocó su sentencia. En esta causa, el exmagistrado está procesado por los delitos de prevaricato y encubrimiento. Era el encargado de llevar la investigación del asesinato de los hermanos Arancibia. Sin embargo, omitió deliberadamente investigar los delitos cometidos y decidió archivar la causa “con la finalidad de encubrir el hecho delictivo y la responsabilidad de sus perpetradores”, señala la imputación del Ministerio Público Fiscal.
Martínez es un personaje clave en el entramado represivo de Tucumán. Esta provincia funcionó, a partir de febrero de 1975, como ensayo de la represión que, desde marzo de 1976, se extendería por todo el territorio argentino. En el libro que escribió sobre su experiencia al frente del Operativo Independencia, el general Adel Edgardo Vilas escribió que pudo concluir que no tenía sentido combatir a la “subversión” con un código de procedimientos criminal. “Decidí prescindir de la justicia”, afirmó.
Martínez, el juez elegido por la dictadura
Tras las quejas porque el juzgado federal no era lo suficientemente eficiente en la persecución que Vilas pretendía, promovió el reemplazo del magistrado Jesús Santos por Martínez. Entre 1975 y 1976, se presentaron 325 acciones de hábeas corpus a favor de las personas que estaban siendo secuestradas. Todos los pedidos fueron rechazados.
Según reconstruyó la fiscalía, hay registros de la presencia de Martínez en distintos centros clandestinos de detención, como la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza y la Escuelita de Famaillá.
La causa Arancibia mostró la resistencia de los tribunales. El primer requerimiento de instrucción se firmó en 2003 –hace más de dos décadas–. En ese momento, se pedían las indagatorias, entre otros, de Antonio Domingo Bussi –máximo responsable de la represión en Tucumán, donde estuvo al mando de la V Brigada de Infantería y de la intervención militar– y de Luciano Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo de Ejército –que dirigió la represión en diez provincias.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) actúa como querellante en el caso porque Isauro Arancibia fue uno de sus fundadores. “Su asesinato buscó disciplinar y silenciar a quienes luchaban por una sociedad más justa. No lo lograron”, sostuvieron desde el gremio docente.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) –a través de una de sus presidentas, Paula Topasso– expresó la preocupación por el retardo en tratar la causa Arancibia. Alfredo Bravo había denunciado este caso y lo mencionó en su testimonio en el Juicio a las Juntas.
Todo indica que la suspensión se debe a la conformación del TOF. Días atrás, Javier Milei firmó las designaciones de dos jueces que pasarán a integrar el tribunal: Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo.
En marzo pasado, estaba previsto el arranque del juicio por los crímenes en el Ingenio La Fronterita. En ese lugar, se vio la articulación entre el empresariado y las fuerzas represivas, ya que se montó una base militar que funcionó como centro clandestino. El TOF no fijó fecha para su inicio. Según pudo saber Página/12, recién el 12 de agosto se haría la junta médica definitiva para determinar si está en condiciones de ser juzgado Jorge Figueroa Minetti, exadministrador del ingenio.
Publicado en Página/12
