El abogado Gregorio Dalbón se pronunció con firmeza sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y descartó de plano la posibilidad de un eventual indulto presidencial. A través de un mensaje publicado en redes sociales, Dalbón sostuvo: “No debe ser indultada porque es inocente”, al tiempo que remarcó que esa herramienta jurídica presupone culpabilidad.
“El indulto presupone culpabilidad: es una facultad excepcional que extingue la pena, pero no repara una condena injusta ni restituye la inocencia”, afirmó Dalbón. En esta línea, el letrado cercano a la dos veces presidenta de la Nación insistió en que el camino -desde su posición- adecuado debería ser la revisión judicial de la sentencia en la causa Vialidad.
“Esto no se indulta, se anula”
El abogado argumentó que corresponde avanzar con la nulidad del fallo mediante los mecanismos legales vigentes, especialmente a través de un recurso de revisión. “Lo que corresponde es la anulación de la sentencia, mediante las vías legales, en particular el Recurso de Revisión, frente a violaciones al debido proceso”, señaló Dalbón.
De esa manera, el letrado citó garantías constitucionales y tratados internacionales. Asimismo, cuestionó el debate político en torno a un posible perdón presidencial y lanzó: “Las mezquindades frente a la situación de CFK no solo confunden: degradan la discusión pública y lesionan la idea misma de justicia”.
Avance judicial en la causa Vialidad
Las declaraciones de Dalbón se producen luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara avanzar con la ejecución de bienes de la exmandataria y sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, para cubrir el monto fijado en concepto de decomiso por la causa Vialidad. La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a los Kirchner y a decenas de inmuebles del empresario Lázaro Báez y otros condenados.
En tanto, la expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución tras la condena a seis años de cárcel por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Mientras tanto, su defensa continúa cuestionando tanto la sentencia como las medidas patrimoniales adoptadas por la Justicia.