El magistrado ordenó que el periodista, que es cercano al jefe de Gabinete, no pueda contactar ni acercarse a Vanesa Tossi.

El Juez Federal Ariel Lijo dictó medidas de protección urgentes para Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de una empresa aérea y testigo fundamental en la causa que investiga los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La decisión responde a una solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, tras denunciarse hostigamientos por parte de Marcelo Grandío, un hombre cercano al funcionario nacional.

La Justicia busca garantizar que la investigación sobre el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios avance sin «interferencias externas». Estas restricciones no son una sanción anticipada, sino una forma de cuidar la integridad psíquica del testigo y la veracidad de su relación.

Tossi denunció acoso de Grandio

El conflicto estalló el pasado viernes durante la audiencia testimonial de Tossi. Mientras la mujer explicaba ante el fiscal los detalles del vuelo que trasladó a Adorni hacia Uruguay. Tras este suceso, la testigo denunció que empezó a recibir sucesivas llamadas y mensajes de Marcelo Grandío.

Según el testimonio de la empleada aeronáutica, estas comunicaciones y el envío previo de una carta documento tenían un solo fin: «amedrentarla y condicionar su relación». Tossi ya había revelado que Grandío fue quien pagó el traslado y que, además, pidió explícitamente que no se emitiera la factura por el servicio. Ante la gravedad, el fiscal subrayó que estas atentan contra una «fuente de prueba fundamental» para el proceso.

Restricciones y el futuro judicial de Adorni

A partir de ahora, Grandío tiene prohibido contactar a la testigo por cualquier vía, ya sea digital, telefónica o personal. El juez también estableció una restricción de acercamiento a su domicilio y lugar de trabajo. Además, se inició una investigación paralela para determinar si el allegado a Adorni cometió delitos de amenazas y coacciones.

Este escándalo se suma a la situación procesal del propio Manuel Adorni, quien ya se encuentra imputado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia investiga si sus bienes y propiedades coinciden con sus ingresos declarados. Mientras tanto, la protección a la testigo busca asegurar que se conozca toda la verdad sobre quién financió los lujosos viajes del jefe de Gabinete a Punta del Este.