Más de 50 efectivos policiales fueron desplegados en las inmediaciones del club social donde se desarrolló 31° período de sesiones ordinarias. La acción tuvo el objetivo de contener potenciales manifestaciones de vecinos autoconvocados. El temor de los responsables del Ejecutivo Municipal, Bruno Cipolini radicaba en que la ciudadanía exigiera explicaciones en persona sobre el caso de “timba financiera” que involucra la Bolsa de Comercio del Chaco y la Municipalidad de Sáenz Peña; hecho que terminó sucediendo.
La rigurosidad del control policial impidió que un grupo de vecinos se acercara al edificio, obligándolos a manifestar su descontento desde la vereda de enfrente bajo una estrecha vigilancia. Los manifestantes denunciaron acoso por parte de las fuerzas de seguridad mientras exhibían carteles que exigían el apartamiento de Cipolini de su cargo hasta que la justicia aclare el escándalo con la Bolsa de Comercio del Chaco. A pesar del fuerte despliegue, los ciudadanos lograron visibilizar su reclamo por la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, denunciando que se les cercenó el derecho de expresarse libremente en un evento de carácter institucional.
Puertas adentro, el clima de confrontación se trasladó a las bancas, donde los concejales del Partido Justicialista desplegaron pancartas con frases como “Negocios turbios, vecinos estafados”, interrumpiendo el inicio del discurso oficial. Ante esta situación, los referentes del oficialismo optaron por una postura de confrontación dialéctica, calificando la protesta de la oposición como una “práctica importada” ajena a la tradición local. El intendente Cipolini aseguró no sentirse intimidado por los reclamos y afirmó que, a su debido tiempo, brindará las explicaciones necesarias, sosteniendo que su gestión tiene “la verdad de su lado” mientras intentaba retomar el hilo de su balance anual.
Finalmente, los integrantes de la comunidad saenzpeñense calificaron la jornada como un preocupante antecedente de restricción a la participación ciudadana mediante el uso de la fuerza pública. La transformación de un acto de rendición de cuentas en un evento custodiado para evitar el contacto con los vecinos fue vista como una maniobra de blindaje político ante la creciente presión social. Mientras el Ejecutivo busca dar por iniciada la agenda legislativa de 2026, la incertidumbre sobre las derivaciones judiciales del caso y la tensión en las calles sugieren que la gestión enfrentará un año de máxima resistencia y cuestionamientos institucionales.