Hay sufrimientos que no siempre se ven. La depresión severa, las psicosis agudas, las adicciones o las demencias forman parte de problemáticas que afectan a miles de personas y familias en todo el país. Sin embargo, muchas veces el acceso a la atención adecuada llega tarde o se encuentra con obstáculos dentro del sistema de salud.

En ese contexto, el debate sobre la actualización de la Ley Nacional de Salud Mental volvió a instalarse en la agenda médica y científica. La discusión no solo apunta a cuestiones legales, sino también a cómo garantizar una atención oportuna, interdisciplinaria y basada en evidencia.

Una ley que impulsó derechos, pero enfrenta nuevos desafíos

La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 fue sancionada en 2010 y representó un cambio importante en la incorporación de una mirada centrada en los derechos humanos y en la atención comunitaria. Sin embargo, distintos especialistas sostienen que el escenario actual plantea desafíos que no estaban contemplados hace quince años.

La pandemia dejó además un escenario más complejo: aumentaron los cuadros de ansiedad, depresión, consumos problemáticos y trastornos neurocognitivos, mientras muchas familias continúan encontrando dificultades para acceder a tratamientos sostenidos y atención especializada.

Uno de los cuestionamientos más frecuentes a la normativa actual es que, en determinados casos graves, los tiempos burocráticos y las exigencias legales pueden retrasar intervenciones necesarias. En la práctica, muchos profesionales describen situaciones donde las urgencias psiquiátricas quedan atrapadas entre formalidades y falta de recursos.

Qué cambios propone la reforma

Entre las modificaciones que se discuten aparecen cambios vinculados al diagnóstico, la atención de urgencias y el seguimiento de los pacientes luego del alta.

Uno de los puntos centrales es reemplazar el término “padecimiento mental” por “afecciones o trastornos de salud mental”, en línea con criterios internacionales y con clasificaciones médicas utilizadas actualmente.

Además, se propone:

• Evaluar antecedentes y evolución clínica para prevenir crisis graves
• Facilitar intervenciones de urgencia en guardias y zonas rurales
• Garantizar la presencia de psiquiatras en equipos interdisciplinarios
• Fortalecer el seguimiento posterior al alta
• Integrar hospitales especializados y dispositivos comunitarios

La intención es avanzar hacia un sistema más flexible y realista, capaz de responder a las necesidades concretas de pacientes y familias sin abandonar el enfoque de derechos.

Humanismo científico: integrar derechos y atención

Uno de los conceptos que atraviesa la discusión es el del “humanismo científico”, una mirada que busca evitar falsas oposiciones entre derechos humanos y tratamiento médico.

Desde esta perspectiva, reconocer una enfermedad mental, diagnosticarla adecuadamente y ofrecer tratamientos basados en evidencia no implica estigmatizar, sino justamente ampliar las posibilidades de cuidado y acompañamiento.

La discusión sobre salud mental excede lo jurídico. También interpela al sistema sanitario, a las familias y a la sociedad en su conjunto. Porque detrás de cada estadística hay personas atravesando situaciones complejas que requieren atención profesional, redes de contención y respuestas oportunas.

La actualización de las políticas de salud mental aparece así como uno de los grandes desafíos sanitarios actuales: construir un sistema que combine ciencia, accesibilidad y humanidad para cuidar a quienes más lo necesitan.

(*) El Dr. Fernando E. Taragano es médico psiquiatra (UBA), Doctor Summa Cum Laude en Salud Mental, investigador clínico del CONICET, diplomado en Educación Médica y fue premiado por la Honorable Academia Nacional de Medicina.