En el oficialismo dan por hecho que varios mandatarios provinciales que acompañaron sus reformas endurecerán las críticas cuando se acerquen las elecciones. Buscará sostener acuerdos legislativos hasta diciembre, fijar reglas para la disputa electoral y mantener abiertos los canales de negociación.
El Gobierno se prepara para una escalada de tensión con gobernadores dialoguistas a medida que avance el calendario hacia las elecciones de 2027 y trabaja en un esquema para contener el impacto sobre el Congreso. En el Ejecutivo dan por hecho que varios mandatarios que aportaron votos desde el inicio de la gestión comenzarán a tomar distancia porque La Libertad Avanza se prepara para competir contra sus oficialismos provinciales.
En ese grupo ubican a Osvaldo Jaldo (Tucumán) Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Martín Llaryora (Córdoba), entre otros. La relación con cada uno tiene características diferentes, pero todos mantuvieron algún nivel de interlocución con Nación y sus espacios acompañaron iniciativas del oficialismo en el Congreso.
En Balcarce 50 creen que las críticas aumentarán de manera progresiva a medida que se definan candidaturas y alianzas. La lectura oficial es que los gobernadores necesitarán diferenciarse de Milei frente a sus electorados y buscarán polarizar con los candidatos libertarios en sus territorios sin que eso implique necesariamente una ruptura completa de los canales institucionales. “Va a ser igual que en 2025”, expresan en Nación.
Frente a ese escenario, la Casa Rosada comenzó a discutir un plan de contención que permita separar la competencia electoral de los acuerdos de gobernabilidad. Entre las posibilidades que mencionan en el Ejecutivo aparecen fijar reglas mínimas de campaña -internamente hablan de “no pegar abajo del cinturón”-, coordinar condiciones de competencia y mantener negociaciones específicas sobre la agenda provincial, los recursos nacionales y los proyectos que necesitan votos en el Congreso.
El objetivo inmediato es cerrar una etapa de acuerdos legislativos antes de que la campaña domine por completo la relación con las provincias. En Nación apuntan a sostener entendimientos al menos hasta diciembre para avanzar con una serie de reformas y luego habilitar una dinámica de mayor confrontación electoral. La apuesta es preservar durante los próximos meses los votos de aliados con los que después La Libertad Avanza competirá abiertamente.
El diagnóstico se apoya en las dificultades que ya enfrenta el oficialismo en el Senado. En la Casa Rosada hablan de un “embudo legislativo” por la acumulación de proyectos que pretende sancionar y que todavía requieren negociaciones: la reforma electoral, el Súper RIGI, la Ley General de Sociedades, los cambios en Etiquetado Frontal, Hojarasca y Zonas Frías, entre otras iniciativas.
Las trabas parlamentarias también alimentaron las tensiones internas entre Patricia Bullrich, los Menem y Federico Sturzenegger sobre el ritmo y la estrategia para aprobar las reformas. Las diferencias quedaron expuestas durante el tratamiento del paquete de propiedad privada, cuando el Gobierno debió modificar su hoja de ruta ante la falta de respaldos y retirar capítulos para evitar un rechazo más amplio.
Los primeros movimientos de algunos gobernadores refuerzan esa preocupación. Sáenz y Passalacqua avanzan en un reordenamiento de sus diputados nacionales con una lógica de negociación “ley por ley”, mientras que los espacios vinculados con Jaldo y Jalil también buscan coordinar reclamos provinciales. En el Gobierno no interpretan esos movimientos como un pase automático a la oposición, pero sí como una señal de que cada respaldo será más costoso de construir.
La Casa Rosada busca utilizar como referencia el entendimiento alcanzado esta semana con los gobernadores del Norte Grande por las denominadas zonas cálidas. Caputo y Diego Santilli acordaron con Jalil, Sáenz, Leandro Zdero, Sadir y Juan Pablo Valdés trabajar en un esquema que contemple el mayor consumo eléctrico de las provincias con temperaturas más altas. La negociación avanzó en paralelo a la discusión que mantiene el Gobierno por la modificación del régimen de Zonas Frías en el Senado.
En Balcarce 50 consideran que ese formato puede replicarse para otros reclamos concretos: abrir una mesa sobre un problema provincial, establecer una respuesta posible de Nación y mantener al mismo tiempo una conversación política sobre las reformas. En el Ejecutivo evitan presentar esos mecanismos como un intercambio automático de recursos por votos y sostienen que cada acuerdo dependerá del contenido de los proyectos y de las demandas de cada distrito.
La estrategia tampoco será idéntica con todos los gobernadores. La Libertad Avanza proyecta acuerdos electorales con algunos oficialismos provinciales y competencia directa contra otros. Esa diferencia es central para la Casa Rosada: donde exista una alianza para 2027, espera una coordinación parlamentaria más estable. Donde haya candidatos enfrentados, pretende al menos conservar reglas de convivencia que impidan que la disputa territorial termine bloqueando toda la agenda nacional.
El Gobierno trabaja además sobre el supuesto de que el peronismo avanzará hacia algún nivel de ordenamiento interno antes de las elecciones. En Nación observan los acercamientos opositores a mandatarios que colaboraron con Milei durante estos años y creen que la presión para que algunos de ellos se alejen de la Casa Rosada crecerá a medida que se consoliden las alternativas para 2027.
Ese escenario vuelve más importante para el oficialismo ampliar su base legislativa por fuera de los gobernadores con los que competirá. La conducción nacional busca reforzar los acuerdos con el PRO, sectores de la UCR e integrantes de espacios provinciales para reducir la dependencia de mandatarios dialoguistas. El Senado es la principal preocupación porque allí el número propio continúa siendo insuficiente para garantizar las votaciones.
En paralelo, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem mantienen la instrucción de fortalecer la estructura de La Libertad Avanza en los distritos donde hoy gobiernan aliados. La decisión implica una tensión inevitable: el Gobierno necesita durante 2026 a dirigentes provinciales cuyos espacios pretende desplazar en 2027, pero no quiere frenar por ese motivo el crecimiento territorial del partido ni resignar candidatos propios.
La hoja de ruta que proyectan en la Casa Rosada consiste en extender la convivencia política durante los próximos meses, acelerar las leyes pendientes y administrar la posterior confrontación electoral. En Nación asumen que la tensión crecerá, pero buscan evitar que la campaña transforme esa disputa en una ruptura anticipada.
