El fiscal Marcelo Soto confirmó la sumatoria de gravísimos expedientes contra Lidia Ojeda, imputada por la muerte de Germán Luque y la amputación de un paciente. Paralelamente, la Justicia penal investiga la presunta complicidad y responsabilidad de los exdirectivos del Hospital de Quitilipi.
El entramado judicial que rodea a Lidia Ojeda, conocida públicamente como la “falsa médica”, sumó en las últimas horas una serie de derivaciones de extrema gravedad que reconfiguran por completo el alcance del caso. La Fiscalía de Investigaciones a cargo del doctor Marcelo Soto ratificó el dictado de dos nuevas prisiones preventivas y confirmó el ingreso de recientes denuncias penales que le atribuyen un nuevo hecho de homicidio y la realización de un aborto ilegal.
La situación procesal de Ojeda es cada vez más compleja.
Originalmente detenida bajo las calificaciones de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y homicidio con dolo eventual, la imputada sumó ayer dos reveses de magnitud institucional.
De acuerdo con lo informado formalmente por el Ministerio Público Fiscal, las nuevas medidas cautelares privativas de la libertad corresponden de forma directa a dos expedientes sumamente sensibles. El primero de ellos investiga el deceso de Germán Luque, un joven que perdió la vida el pasado 6 de enero en las instalaciones del Hospital de Quitilipi tras haber recibido asistencia médica por parte de la acusada.
El segundo expediente que fundamenta las nuevas prisiones preventivas dictadas este viernes se centra en la denuncia por “lesiones gravísimas”. La causa se originó tras la atención brindada por Ojeda a un paciente joven, quien posteriormente debió sufrir la amputación de una de sus piernas debido a las severas complicaciones médicas derivadas de la presunta mala praxis de la imputada.
Lejos de estabilizarse, el frente acusatorio continúa en franca expansión. “En estos últimos días ingresaron nuevas denuncias por homicidio y otra vinculada a un aborto. Esas causas recién comenzaron y estamos reuniendo pruebas urgentes para determinar la mecánica de los hechos”, detalló el fiscal Soto, manifestando que el ritmo de la fiscalía incluye la toma de declaraciones testimoniales diarias y requerimientos de informes a múltiples entidades sanitarias.
Lupa sobre la gestión hospitalaria
Uno de los hitos más significativos de esta nueva fase investigativa radica en el desplazamiento del foco hacia la estructura jerárquica de la salud pública regional. El fiscal Soto confirmó que se analizan de manera rigurosa las posibles responsabilidades penales de quienes ejercieron la dirección del Hospital de Quitilipi en el período comprendido entre octubre de 2024 y abril de 2026.
Durante ese lapso de dieciocho meses, la falsa profesional habría prestado servicios médicos regulares en el establecimiento estatal sin poseer la titulación ni la correspondiente matriculación habilitante. La causa penal se originó, precisamente, a partir de la denuncia promovida por el entonces director de la Zona Sanitaria, quien ya brindó testimonio clave ante los estrados judiciales.
La estrategia de la defensa técnica
Frente al agravamiento de la situación de su asistida, el abogado defensor, César López, impugnó con dureza los criterios adoptados por el Ministerio Público Fiscal, argumentando que la metodología empleada lesiona de forma directa el derecho de defensa en juicio.
El letrado criticó que las causas se tramiten de forma separada, lo que redunda en una acumulación sucesiva de prisiones preventivas independientes por cada hecho que se denuncia de forma tardía.
”Lo procesalmente correcto hubiese sido unificar la totalidad de las investigaciones en un único y consolidado expediente general. Al optar por no hacerlo, cada nueva imputación que se formaliza deriva indefectiblemente en el dictado automático de una nueva prisión preventiva”, declaró López, ratificando que las resoluciones judiciales dictadas ya han sido oportunamente apeladas.
Mientras se dirimen las instancias de apelación, la instrucción penal preparatoria continúa su curso natural. En los tribunales de Sáenz Peña admiten que el caso ha dejado de ser un mero episodio local de intrusismo profesional para transformarse en una causa de proporciones institucionales inéditas en la provincia
