Un conjunto de resoluciones emitidas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) respaldó de manera categórica las presentaciones impulsadas por concejales de la oposición en Resistencia. A través de sus pronunciamientos, el organismo de control le recordó al Intendente Roy Nikisch que la información pública debe ser suministrada, publicada y organizada de forma transparente y accesible para toda la ciudadanía.
La medida surge tras reiteradas denuncias promovidas por los ediles Fabricio Bolatti, Soledad Villagra, Lucila Masin, Guillermo Monzón y Ángel Sánchez. Los concejales y concejalas recurrieron a los órganos de control para alertar sobre sistemáticos impedimentos en el acceso a los datos públicos, la falta de respuesta a los pedidos de informes – tanto individuales como del bloque – y la omisión en la publicación de resoluciones y actos administrativos que respaldan decisiones de alto impacto presupuestario.
En ese contexto, las Resoluciones N.° 2979, 3039 y 3070 de la FIA cobran una significancia institucional clave. El pronunciamiento fija criterios claros sobre las obligaciones que pesan sobre los funcionarios municipales, el derecho ciudadano al acceso a la información y la plena validez de las herramientas de fiscalización con las que cuentan los integrantes del Concejo Municipal.
PRONUNCIAMIENTO DE LA FIA: EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES UN PRINCIPIO REPUBLICANO Y LE RECUERDA AL INTENDENTE SUS OBLIGACIONES
Las resoluciones de la FIA recordaron principios fundamentales del sistema democrático, remarcando que, bajo el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, toda persona tiene derecho a acceder a información pública completa, veraz y gratuita.
En ese marco, el organismo reconoció expresamente que cada concejal cuenta con facultades individuales para exigir informes al Ejecutivo y recibir respuesta formal. Hasta ahora, la gestión municipal justificaba la falta de respuesta a cerca de 100 solicitudes vigentes exigiendo una aprobación previa de la mayoría en el Recinto. Frente a esto, la FIA fue categórica: las atribuciones de un edil para fiscalizar no dependen de la votación del Concejo como cuerpo.
Ante este escenario, la FIA notificó formalmente al Intendente para evitar judicializaciones innecesarias y emitió una serie de recomendaciones para regularizar la transparencia municipal:
-Exhibir en los espacios de atención al público cartelería sobre el derecho de acceso a la información.
-Designar a un funcionario responsable del seguimiento de los pedidos de informes.
– Registrar de forma fehaciente la recepción y entrega de la documentación.
-Organizar y sistematizar adecuadamente el archivo de datos públicos.
-Publicar de manera permanente y actualizada los decretos y resoluciones comunales.
Finalmente, el organismo fiscal advirtió que obstruir el acceso a la información pública constituye una falta grave que puede derivar en responsabilidades civiles y penales. Asimismo, aclaró que, vencidos los plazos legales sin respuesta, se configurará la negativa tácita del Municipio, dejando abierta la vía judicial para los reclamos.
NO ES UNA CUESTIÓN PERSONAL, ES UN DEBER INSTITUCIONAL
Valoramos el criterio firme y claro expresado en los pronunciamientos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Las resoluciones ratifican un principio republicano fundamental: los funcionarios no pueden administrar la información pública como si fuera patrimonio propio; la información pertenece a la ciudadanía.
El fallo fija límites precisos y sienta una postura clave: los concejales tienen la responsabilidad constitucional de fiscalizar al Departamento Ejecutivo, los organismos de control tienen la obligación de intervenir cuando ese contrapeso se ve vulnerado, y los vecinos tienen el derecho inalienable de saber cómo y en qué se utilizan sus recursos.
Por eso, cuando un pedido de informes se ignora, se cajonea o se niega injustificadamente, y cuando los actos de gobierno se ocultan, no estamos ante una simple falla burocrática: estamos frente a un hecho de extrema gravedad institucional.
ALGUNOS NÚMEROS QUE EXIGEN EXPLICACIONES
Resulta oportuno señalar que, los cuestionamientos impulsados por la oposición no se agotan en la falta de transparencia: apuntan directamente al volumen, la discrecionalidad y la falta de justificación en el gasto de los recursos municipales. Entre las principales irregularidades detectadas se destacan:
-Alquiler masivo de maquinaria y camiones: se registraron más de 1 millón de horas contratadas, alcanzando una asignación presupuestaria que supera los $44.000 millones.
-Desvío en el pago de deudas: se destinaron más de $17.000 millones a la amortización de deudas de ejercicios anteriores, a pesar de que el marco del «Legítimo Abono» aprobado por el propio oficialismo fijaba un tope de $2.190 millones.
-Obras públicas con sobreprecios de hasta el 300%: los análisis técnicos revelan presupuestos que exceden de forma desproporcionada los valores reales del mercado en la ejecución de trabajos viales y de infraestructura.
–Contrataciones sospechosas: compras por volúmenes extraordinarios bajo condiciones y mecanismos que direccionan beneficios hacia proveedores específicos y omiten los controles licitatorios correspondientes.
-Concesiones sin control del Concejo: contratos y convenios que comprometen recursos de la ciudad y que fueron puestos en marcha sin cumplir con la ratificación institucional que exige la normativa.
El debate no se reduce únicamente a cuánto dinero se gasta, sino a qué se compra, a quién se le paga, si los precios son transparentes y qué problemas concretos de la ciudad se solucionan realmente con esos fondos.
RESISTENCIA NECESITA RECUPERAR LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL INSTITUCIONAL
La institucionalidad de nuestra ciudad atraviesa una crisis que no podemos naturalizar. Frente a los reclamos de la oposición y de la ciudadanía, la respuesta oficial no puede seguir siendo el silencio, el ocultamiento o la imposición de trabas a quienes tenemos la responsabilidad de controlar.
Frente a cada cuestionamiento debe existir documentación; frente a cada pedido de informes, una respuesta; frente a cada gasto, una justificación; y frente a cada contratación, absoluta transparencia. Cada decisión que comprometa el patrimonio de los vecinos debe garantizar la posibilidad concreta de que la comunidad opine, proponga, controle y evalúe.
La democracia no se agota el día de la elección: se construye a diario con instituciones sólidas, funcionarios que rinden cuentas, organismos de control que actúan y ciudadanos con pleno acceso a la información pública.
