Bernarda Vera vive desde hace años en Miramar. El gobierno de Kast analizará el registro elaborado por la Comisión Rettig para determinar si contiene inconsistencias.
El gobierno del presidente José Antonio Kast en Chile anunció este miércoles que revisará el registro oficial de detenidos desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet, luego de que un examen de ADN confirmara que Bernarda Vera, incluida durante décadas en ese listado como víctima de desaparición forzada, fue localizada con vida en Miramar, cerca de Mar del Plata.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Fernando Rabat, informó que se analizará la nómina oficial de víctimas de la dictadura (1973-1990) para verificar que no existan errores. La medida fue anunciada tras la repercusión que generó el caso de Vera, una militante opositora al régimen que figuraba como desaparecida desde 1973.
“Vamos a determinar oficialmente que no contenga errores”, afirmó Rabat en una entrevista con Radio Infinita, al referirse al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación —conocido como Informe Rettig—, elaborado durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), que identificó a 1.469 detenidos desaparecidos durante la dictadura, entre ellos Vera.
El caso de Bernarda Vera
El caso salió a la luz en septiembre de 2025, cuando medios chilenos informaron que Vera —militante del extinto Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), hoy de 80 años— había sido localizada en Miramar, una ciudad ubicada a unos 45 kilómetros de Mar del Plata.
La búsqueda estuvo a cargo de funcionarios del Plan Nacional de Búsqueda, un programa estatal creado para esclarecer las circunstancias de desaparición y determinar el destino de las víctimas que aún permanecen sin paradero conocido.
El 27 de julio, un examen de ADN ordenado por la Justicia chilena confirmó con una probabilidad de identificación superior al 99,9999% que la mujer encontrada en Argentina era Bernarda Vera.
Según el Informe Rettig, Vera fue detenida en octubre de 1973, cuando tenía 27 años, luego de participar en el asalto a un retén policial en Neltume, una zona cordillerana ubicada a unos 850 kilómetros de Santiago y cercana a la frontera con Argentina. Allí, el MIR intentó establecer un foco guerrillero para resistir a la dictadura instaurada tras el golpe de Estado contra Salvador Allende.
De acuerdo con versiones no oficiales, Vera —quien utilizaba el alias clandestino “Anita” y tenía una hija de cinco años al momento de su desaparición— permaneció en la zona montañosa hasta diciembre de 1973 y luego logró escapar hacia Argentina. Más tarde viajó a Suecia y regresó a Sudamérica a fines de la década de 1990.
Su familia había perdido contacto con ella en los días previos al golpe del 11 de septiembre de 1973. Tiempo después, fue informada de que Vera había sido condenada a muerte en rebeldía en un proceso judicial vinculado al ataque al retén de Neltume.
La revisión de la pensión familiar
Rabat indicó que el caso será notificado al Consejo de Defensa del Estado para que “adopte las decisiones que corresponden” respecto de la pensión que la familia de Vera recibió durante años en el marco de la ley de reparación. “No quiero calificar la buena o mala fe de quienes recibieron la pensión porque no me corresponde. Lo que estoy señalando es que no debió haberse pagado esa pensión”, afirmó el ministro.
El nombramiento de Rabat generó polémica en su momento, ya que a principios de los años 2000 integró el equipo jurídico que defendió a Pinochet en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs.
El ministro sostuvo que su cartera “fortalecerá” el Plan Nacional de Búsqueda y sumará funcionarios para revisar el listado de detenidos desaparecidos, pese a los recortes ordenados por el presidente Kast. El programa fue lanzado en 2023 por el gobierno del entonces presidente Gabriel Boric (2022-2026) y es considerado una de las principales políticas de memoria histórica impulsadas desde el fin de la dictadura, al ser la primera vez que el Estado chileno lidera la búsqueda de las más de mil víctimas que aún permanecen desaparecidas.
El régimen de Pinochet se extendió durante diecisiete años y dejó, según cifras oficiales, más de 40.000 víctimas entre ejecutados, detenidos desaparecidos, presos políticos y torturados. Más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado.
