Fue detenido luego de prestar su declaración en La Paz. Es investigado por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes
El exministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, fue aprehendido este jueves en La Paz luego de prestar su declaración en una investigación que lo acusa, junto a otras exautoridades, de un supuesto daño económico en la adquisición y puesta en marcha de un sistema integrado de 13 radares franceses para vigilancia civil y militar.
Novillo, que ejerció como ministro durante el gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025), rechazó las acusaciones y cuestionó la decisión de la Fiscalía. “Soy inocente, he presentado todos los descargos, tanto legales como documentales”, afirmó al ser trasladado a las celdas policiales.
La investigación tiene que ver con el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo, un proyecto adjudicado en agosto de 2016 a la empresa francesa Thales durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019). El contrato, valorado en más de 191 millones de euros, contemplaba la instalación de 13 radares civiles y militares, además de centros de control, infraestructura, comunicaciones, programas informáticos y capacitación técnica.
Según una auditoría reciente, el contrato original establecía un plazo de 31 meses para completar el proyecto. Sin embargo, durante su ejecución se firmaron siete modificaciones contractuales que extendieron el periodo previsto. La entrega final del sistema se realizó 98 meses después de la firma del contrato.
Las evaluaciones técnicas también detectaron deficiencias en el funcionamiento de los equipos. Según los datos presentados por el Ministerio de Defensa, solo dos de los 13 radares operaban sin observaciones, mientras que nueve presentaban problemas técnicos y otros dos no funcionaban.
En base a esos hallazgos, la auditoría estimó en más de 1.478 de bolivianos, equivalentes entonces a unos 128,52 millones de dólares, el posible daño económico al Estado relacionado con el proyecto.
La denuncia penal fue presentada por el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano y el procurador general del Estado, Hugo León, contra 19 exfuncionarios y personas vinculadas al proyecto, entre ellos cuatro exministros de Defensa: Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Luis Fernando López, además de Novillo.
Los cuatro exministros ocuparon el cargo durante distintas administraciones. Ferreira y Zavaleta formaron parte del gobierno de Morales; López fue ministro durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez (2019-2020), y Novillo estuvo al frente de Defensa durante la presidencia de Arce.
Entre los delitos incluidos en la denuncia figuran contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Hace tres años, cuando todavía ejercía como ministro, Novillo aseguró que el sistema funcionaba en toda su capacidad y anunció una transición para utilizar los equipos en tareas de lucha contra el narcotráfico y de control de la aviación civil comercial, según los antecedentes del caso.
La exautoridad pasó la noche en una comisaría policial mientras espera que se realice la audiencia de medidas cautelares en la que se definirá su situación legal.
El Gobierno informó que el objetivo de la auditoría y el proceso judicial es corregir los problemas e identificar las decisiones administrativas y contractuales que habrían provocado el actual estado del sistema. En ese marco, señalaron que se pretende recuperar y poner en funcionamiento los radares.
“Se tendrá que generar un proyecto de adecuación, hacer una auditoría técnica para ver cuáles han sido las falencias y de qué manera se tendrían que corregir todas estas observaciones”, afirmó el viceministro de Transparencia, Yamil García, en entrevista con el canal Red Uno.
