A casi tres meses de una desaparición que todavía no tiene explicación, la causa penal atraviesa un momento crítico: dos detenidos recuperaron la libertad por falta de pruebas, la audiencia para definir la situación del único imputado que sigue preso quedó suspendida sin fecha. El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y la querella de la familia insisten en la hipótesis de una desaparición forzada con participación policial. Desde el organismo provincial advirtieron que al no haberse apartado a la Policía del Chaco desde el inicio de la investigación se pudieron haber perdido pruebas vitales para el esclarecimiento del caso.
A casi tres meses de la desaparición de Axel Alejandro González, la investigación penal en Chaco se encuentra en un punto crítico. El joven de 22 años fue visto por última vez en la madrugada del 17 de mayo de 2026, en el trayecto entre las localidades de Fontana y Puerto Tirol. Desde entonces, la causa combina liberaciones por falta de pruebas, un conflicto abierto entre la defensa y la fiscalía, y denuncias cruzadas que involucran a la Policía del Chaco, en una hipótesis que es reclamada con insistencia por las querellas pero evitada por el equipo fiscal que integran los fiscales Noelia Encinas, Julieta Arolfo y Luciano Santos.
El Equipo Fiscal N° 14 dispuso la excarcelación de Leonardo Nicolás Silva y Antonio Omar Íñiguez, quienes habían sido detenidos e imputados por encubrimiento y permanecían con prisión preventiva desde el 8 de junio. La decisión llegó después de que los peritajes telefónicos y científicos ordenados sobre ambos arrojaran resultado negativo. Uno de los elementos que había sostenido las sospechas contra ellos —manchas de sangre halladas en sus propiedades— quedó descartado cuando los análisis determinaron que los rastros hemáticos correspondían a animales: una perra y un loro. Sin pruebas que los vincularan de manera directa con la desaparición de Axel, ambos recuperaron su libertad.
El único detenido y una audiencia que no llega
Con esas dos liberaciones, el único sospechoso que permanece privado de su libertad es Ramón “Kuno” Gómez, exsuegro de Axel, quien había sido imputado en un primer momento por amenazas. La audiencia que debía definir tanto su situación procesal como un pedido de cese de prisión preventiva quedó suspendida sin fecha, luego de que su defensa recusara a la fiscal Julieta Arolfo, a quien acusó de actuar con “misandria”. La recusación paralizó el tratamiento del caso y dejó, por el momento, sin resolución la continuidad de la detención de Gómez.
La hipótesis de la desaparición forzada y el cruce con la Policía
En paralelo, desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y la abogada querellante de la madre de Axel, María Inés Gómez, sostienen que podría tratarse de una desaparición forzada. La querella insiste en que existen audios y testimonios que ubican a Axel siendo perseguido por un patrullero antes de perderse su rastro, un elemento que consideran clave para sostener la hipótesis de participación policial.
Del otro lado, los abogados defensores de los efectivos investigados rechazan esas acusaciones. Además, cuestionaron formalmente ante el Juzgado de Garantías N° 3 el desempeño de la fiscal coordinadora Noelia Encinas, a quien acusan de haber excedido sus funciones administrativas durante los allanamientos ordenados en la causa.
Las críticas del Comité para la Prevención de la Tortura
El Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco difundió, al cumplirse tres meses de la desaparición, una serie de publicaciones en las que cuestionó el modo en que se investigó el caso desde el primer día. El organismo sostuvo que existían, desde el inicio, elementos que exigían investigar también una posible participación policial en la desaparición, y que pese a eso la fuerza no fue apartada de manera inmediata: personal policial continuó interviniendo durante jornadas que el Comité considera decisivas para el esclarecimiento del caso. Para el organismo, esa continuidad implicó que la misma institución que debía ser investigada mantuviera un rol central en la pesquisa, sin la distancia que ese tipo de casos requiere.
El Comité también apuntó contra la actuación de la Fiscalía en los primeros días. Señaló que hubo escasa o nula intervención fiscal directa en las jornadas iniciales —las más determinantes, según remarcó, en cualquier investigación por desaparición— y que las primeras actuaciones quedaron delegadas en personal de la propia Policía del Chaco. Para el organismo, cuando el control de las primeras horas de una investigación queda en manos de la fuerza involucrada, esa investigación pierde independencia desde su origen.
A ese cuadro, el Comité sumó otro señalamiento: sostuvo que no se aplicaron desde el inicio los estándares del Protocolo de Minnesota, el instrumento internacional que fija criterios para la investigación de muertes potencialmente ilícitas y desapariciones con posible responsabilidad estatal. En sus publicaciones, el organismo resumió su balance sosteniendo que, a tres meses de los hechos, no solo falta Axel: también faltan respuestas sobre cómo se investigó su desaparición.
REVISTA LITIGIO
