El Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco renovó sus autoridades y el oficialismo consolidó el control del organismo con una fórmula que concentra en la conducción a dos funcionarios que dependen directamente del gobernador Leandro Zdero. La primera resolución de peso del nuevo cuerpo fue apelar una sentencia judicial que ordenaba avanzar en la designación de fiscales en Presidencia Roque Sáenz Peña, una decisión que no fue unánime y que dejó en evidencia las tensiones internas del organismo.
Dos funcionarios del Ejecutivo al frente
La presidencia del Consejo recayó en el Dr. Ricardo Urturi, representante del Consejo de Abogados de Resistencia y al mismo tiempo director del Órgano de Control de Institucional (OCI) de la Policía del Chaco, un cargo que lo ubica en la órbita directa del gobernador Leandro Zdero. La vicepresidencia quedó en manos de la Dra. Carolina Meiriño, secretaria general de la Gobernación, es decir, una de las funcionarias de mayor rango del Poder Ejecutivo chaqueño.
Ambas designaciones se concretaron con el voto unánime de los consejeros presentes. El resultado formal habla de consenso; la realidad política habla de otra cosa: el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces y fiscales de la provincia quedó conducido, en sus dos máximas autoridades, por personas que responden al gobierno que precisamente debe ser objeto de ese control.
La mayoría automática y la primera prueba
La estructura de poder que el zderismo edificó en el Consejo quedó a la vista de inmediato, cuando el cuerpo debió pronunciarse sobre una sentencia dictada en una acción de amparo que instó al organismo a designar fiscales para las Fiscalías de Investigación N° 1 y N° 5 de Presidencia Roque Sáenz Peña. En lugar de acatar el fallo judicial, la nueva conducción impulsó apelar la sentencia y solicitar su revocación integral.
La mayoría que tomó esa decisión estuvo compuesta precisamente por el presidente Urturi, la vicepresidenta Meiriño y los consejeros Néstor Varela, María Cecilia Arroyo y Jorge Gómez. Cinco votos alineados con el oficialismo para desafiar una manda judicial. La minoría, en cambio, estuvo integrada por los consejeros Rubén Guillón y Laura Padován, quienes votaron por respetar la sentencia y no apelar.
La decisión no es menor: las fiscalías de Sáenz Peña llevan un tiempo prolongado sin titulares en sus cargos, una situación que afecta directamente el funcionamiento del sistema de persecución penal en la segunda ciudad de la provincia. Que el Consejo, en su primera sesión con las nuevas autoridades, haya optado por dilatar judicialmente el cumplimiento de la orden de cubrir esas vacantes dice mucho sobre las prioridades del organismo bajo la conducción oficialista. Aún más grave es que en la Fiscalía Nº 1 seguirá como fiscal provisorio el abogado César Collado, quien insultó a los consejeros luego de que no pudo llegar a la instancia final del concurso para el cargo de fiscal titular aunque por ahora logró impedir que se nombre a alguien que lo releve en el cargo.
Un organismo bajo sospecha de parcialidad
El Consejo de la Magistratura fue concebido como un cuerpo de equilibrios institucionales, con representación del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la abogacía y el ámbito legislativo, precisamente para evitar que ningún sector monopolice las decisiones sobre quiénes acceden a la magistratura. Que un gobierno logre instalar en la presidencia y la vicepresidencia a dos funcionarios propios —con línea directa a la Gobernación— desnaturaliza ese diseño y convierte al organismo en una extensión del poder de turno.
La composición resultante no requiere mayorías negociadas: con los votos del oficialismo alcanza para imponer cualquier decisión, incluyendo, como quedó demostrado, la de resistir en sede judicial una sentencia que ordenaba hacer lo que el Consejo debería haber hecho por iniciativa propia: cubrir cargos vacantes en el Ministerio Público Fiscal.
REVISTA LITIGIO