La diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires Sabrina Ajmechet (La Libertad Avanza) defendió el proyecto de reforma a la Ley de Salud Mental, que el Gobierno envió al Congreso para su tratamiento. Al cual consideró como una de las iniciativas «más importantes» que se debatirán este año, en el ámbito parlamentario.
«La reforma a la ley de Salud Mental es, en parte, una deuda con las familias. Porque la ley vigente (26.657) fue diseñada con una lógica antipsiquiátrica. Partió de la idea de que internar era siempre una violación de derechos. El resultado: personas en crisis sin atención, médicos paralizados, y familias pidiendo ayuda sin que nadie pudiera darséla», planteó Ajmechet en su cuenta de X.
Los 5 puntos más relevantes de la reforma según Ajmechet
La diputada también aseguró que, durante años, organizaciones de familias reclamaron que la ley vigente se cambie. Para que sus «hijos, sus padres, sus hermanos pudieran recibir tratamiento cuando lo necesitaban». Por lo que señaló que este proyecto de reforma recoge ese reclamo.
«Cambio 1: vuelve el psiquiatra como figura central. La ley actual lo equiparaba a cualquier otro integrante del equipo. El proyecto exige un médico psiquiatra obligatorio en toda evaluación e internación. Parece obvio. No lo era», remarcó.
Luego, Ajmechet detalló: «Cambio 2: el umbral para internar involuntariamente deja de ser una trampa. ‘Riesgo cierto e inminente’ significaba esperar a que el daño fuera casi inevitable. Ahora: ‘riesgo grave de daño para la vida o integridad física’, considerando antecedentes e ideación previa».
«Cambio 3: los hospitales psiquiátricos vuelven a ser legales como opción terapéutica. La ley anterior apuntaba a eliminarlos por dogma ideológico. Resultado: no había dónde internar a quienes más lo necesitaban», sostuvo la diputada.
«Esta reforma no elimina los derechos del paciente ni el control judicial, los mantiene»
Por último, según Ajmechet otro de los cambios incluye que si en la urgencia solo hay un médico disponible, puede disponer la internación y someterla a revalidación en 24 horas. «La ley actual exigía el equipo completo desde el primer momento. En la práctica: inacción», cuestionó.
«Cambio 5: medidas de seguimiento post-alta por hasta 6 meses. Hoy el alta es un corte abrupto. El proyecto permite que el equipo pida al juez medidas de protección mientras el paciente se reintegra. Esta reforma no elimina los derechos del paciente ni el control judicial. Los mantiene. Pero los equilibra con algo que la ley actual ignoró: el criterio médico. Las familias lo sabían. Era hora de que la ley los escuchara», concluyó.