El empresario rural Leonardo Airaldi habría ofrecido dinero a un sicario para atacar a dos autoridades judiciales. Un allanamiento urgente en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú permitió frustrar dicha maniobra, que es objeto de investigación.
La Justicia federal desactivó un presunto complot para asesinar a un juez y a un fiscal en Entre Ríos. El plan, según la investigación, fue ideado desde prisión por el empresario ganadero y acusado por narcotráfico, Leonardo Airaldi, conocido en la provincia como el “estanciero narco”.
El objetivo eran el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y el fiscal del Tribunal Oral, José Ignacio Candioti, quienes intervienen en la causa principal que llevará a Airaldi a juicio oral en los próximos días.
La maniobra salió a la luz tras la declaración de un interno vinculado al narcotráfico, que alertó a las autoridades sobre la preparación de un atentado. A partir de ese dato, el fiscal federal Pedro Rebollo impulsó medidas urgentes y el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, ordenó un operativo en la Unidad Penal 9 de esa ciudad.
Durante el procedimiento, realizado por Gendarmería Nacional con apoyo de la Policía de Entre Ríos, se allanó el pabellón donde se encuentra alojado Airaldi. Allí secuestraron teléfonos celulares, anotaciones, documentación y estupefacientes, elementos que ahora forman parte de la investigación.
Según la hipótesis judicial, el acusado habría ofrecido US$40.000 a un sicario uruguayo para concretar el ataque durante supuestas vacaciones de los funcionarios en Uruguay. Sin embargo, ninguno de los magistrados viajó ni tenía previsto hacerlo, lo que aceleró las sospechas sobre la veracidad de la información que circulaba en el entorno criminal.
El testigo aseguró que Airaldi buscaba vengarse porque creía que el juez había armado una causa en su contra y que el fiscal impulsaría una condena cercana a los 15 años de prisión. Esos dichos activaron un esquema de protección para ambos funcionarios judiciales.
La gravedad del episodio motivó incluso la intervención del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, quien se comunicó con los magistrados y monitorea la situación junto a fuerzas federales.
Las pruebas incluyen escuchas telefónicas y tareas de inteligencia que ubican al acusado en un rol central dentro de la estructura criminal. El debate oral comenzará el 24 de febrero y contará con 51 testigos, en un proceso que también involucra a otros doce imputados.