La senadora Carolina Moisés le avisó a José Mayans que se va del interbloque Justicialista, liderado por el formoseño e integrado por la bancada del peronismo cristinista, la de Convicción Federal y los santiagueños del Frente Cívico, después que los interventores del PJ en Jujuy, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, le notificaron su suspensión como afiliada partidaria.
La medida disciplinaria se fundó en que la legisladora compitió por fuera de la lista oficial del justicialismo en las elecciones provinciales de mayo pasado, una decisión que tomó en medio de su disputa contra la por entonces diputada y referente de La Cámpora en su provincia, Leila Chaher.
Pero, además, los interventores justificaron la decisión en los considerandos de la resolución por el voto de Moisés a favor del RIGI cuando se discutió en el Senado la Ley Bases, el 12 de junio de 2024, y su voto por la afirmativa para la aprobación del Presupuesto 2026, incluyendo los artículos que ajustaron sobre las partidas de Educación, Defensa, Ciencia y Tecnología.
Además de Moisés, Fernández y Menéndez suspendieron a otros 300 afiliados por “inconducta partidaria”. La denuncia fue promovida por Chaher, en una maniobra que sus adversarios juzgan como una “purga”: “El Tano Menéndez y Aníbal Fernández nos suspenden por orden de Cristina Kirchner, hago responsable a José Mayans como jefe del PJ nacional”, le dijo la senadora a LPO.
El voto de la senadora Moisés a favor del presupuesto y el ajuste en educación reavivó la interna peronista
Con el portazo de Moisés, el interbloque de Mayans no solo podría perder una banca. La jujeña podría arrastrar al menos a otros tres miembros de Convicción Federal: el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde a Raúl Jalil, la tucumana Sandra Mendoza, con terminal en Osvaldo Jaldo, y el puntano Fernando Salino, hombre de Alberto Rodríguez Saá. Es una incógnita lo que haría el riojano Fernando Rejal, quien se identifica con el gobernador Ricardo Quintela.
De todas formas, los cuatro senadores que integran el bloque junto a Moisés recién tomarían su decisión tras una reunión con ella, prevista para el próximo martes. En el peor de los casos para el formoseño, el interbloque Justicialista pasaría de 28 a 23 miembros, una sangría importante que dejaría al peronismo con un piso dramáticamente bajo, sin chances siquiera de garantizarse capacidad de bloqueo para leyes que requieran dos tercios de los 72 miembros totales de la cámara.
Como informó LPO, la intervención del PJ fue solicitada en 2023 por la propia Moisés para destronar a Rubén Rivarola, socio político de Gerardo Morales y por entonces jefe de la bancada peronista en la Legislatura jujeña. Con sus votos, el exgobernador radical logró la reforma constitucional que hundió la provincia en una rebelión total, con pueblos originarios y trabajadores estatales cortando rutas y copando las calles de San Salvador.
En las PASO de aquel año Moisés y Chaher compitieron bajo el sello de UP y las diferencias entre ambas se agudizaron. Desde el entorno de la dirigenta camporista comentaron a LPO que, hacia principios de 2024, apoyaban a Moisés para liderar el partido pero su mirada cambió cuando la senadora apoyó el régimen de inversiones promovido por Javier Milei.
La confrontación escaló a medida que un sector del peronismo empezaba a distanciarse o marcar diferencias cada vez más abiertas con el cristinismo, un proceso que se cristalizaba a través de las tensiones al interior de los bloques de UP en el Senado y la Cámara de Diputados. Cuando Cristina decidió ir por la conducción del PJ a nivel nacional, la pelea se profundizó y, pese a que la expresidenta habría tratado hasta inicios del 2025 que Moisés y Chaher llegaran a un acuerdo para que se turnaran en la presidencia del PJ jujeño, ninguna de las dos quería ceder el cetro en primer lugar.
Por eso, la intervención pospuso sistemáticamente las elecciones internas pero, en el medio, se conformaron listas para competir en los comicios generales provinciales y en las elecciones nacionales de octubre. En ambas instancias, aducen los seguidores de Moisés, La Cámpora los dejó afuera y lo mismo sucedió con el propio Rivarola y Guillermo Jenefes, quienes llegaron a pactar con Chaher cuando los interventores los indultaron pero terminaron yendo con su propia boleta el 26 de octubre, una jugada en la que el kirchnerismo los culpó de dividir el voto beneficiando a los radicales.
La resolución de los interventores se publicó este miércoles y otorga a los afiliados suspendidos un plazo de 72 horas “para formular descargo, ofrecer prueba y ejercer su derecho de defensa y respetar el debido proceso”. En el mismo documento, volvieron a suspender las elecciones internas, previstas por Fernández y Menéndez para el 15 de febrero, el fin de semana largo por carnaval.