El objetivo del documento es manifestar la profunda preocupación del sector por la tramitación judicial referida al restablecimiento de la cláusula gatillo, un mecanismo de actualización salarial clave para los docentes.
En el texto, los gremios señalaron como un punto de alarma la celeridad con la que el Procurador General emitió dictamen durante la feria judicial, a pesar de que no corrían plazos procesales. Según los firmantes, el dictamen sostiene erróneamente que la Cámara no trató ciertos argumentos del Estado, cuando en realidad sí lo hizo, aunque desestimando los fundamentos oficiales.
A través del documento, las organizaciones denunciaron “un profundo deterioro de las condiciones de vida y trabajo de los docentes, la inexistencia de negociación colectiva por decisión de la gestión actual, y el incumplimiento de promesas de campaña que aseguraban la continuidad del pago de la cláusula gatillo”.
Los representantes sindicales subrayaron que la cláusula gatillo se abonó desde el año 2019 “gracias a la lucha y la negociación colectiva, convirtiéndose en un derecho adquirido que no puede ser revocado arbitrariamente”. Advirtieron que la interrupción del pago, sin justificación financiera probada en el juicio, vulnera normas internacionales del trabajo protegidas por la Corte Suprema.
“La degradación de las condiciones de vida y la negación del diálogo sólo acrecientan los conflictos sociales”, afirma el texto, vinculando directamente la situación salarial con la calidad del acceso al derecho social a la educación.
La nota, que cuenta con las firmas de referentes de UTRE CTERA, Federación SITECH, SECH, FESIDOCH y otras agrupaciones, concluye con una solicitud formal de reunión con los magistrados del Superior Tribunal. Buscan establecer un “diálogo institucional” que funcione como un instrumento de pacificación social ante el creciente descontento en las bases docentes.
El documento fue recibido por la Mesa de Entradas y Salidas del STJ, a cargo de Pedro Miguel Báez.
