El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación contra Demian Reidel tras la denuncia de Marcela Pagano por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A..
La causa judicial se inició luego de una presentación realizada por Pagano. La diputada apuntó contra el ex presidente de la empresa estatal y también contra integrantes del directorio y de la sindicatura por supuestas maniobras vinculadas al manejo de fondos y gastos corporativos.
La investigación apunta a consumos y gastos corporativos
Según el dictamen fiscal, la investigación buscará determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en la utilización y administración de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402. El período investigado abarca desde marzo de 2025 hasta febrero de 2026.
La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el requerimiento de instrucción, González también incluyó a integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la compañía. El fiscal sospecha que pudieron existir fallas en las tareas de control y supervisión de los gastos realizados con las tarjetas corporativas.
El fiscal detectó gastos “ajenos” a la empresa estatal
La investigación tomó impulso luego de la difusión de un documento titulado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”. El informe ingresó a la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública impulsado por la diputada Florencia Carignano.
Según el dictamen fiscal, el reporte incluía fechas, operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados durante casi un año. González sostuvo que del análisis preliminar “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.
Además, el fiscal advirtió que la documentación presentada no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación. Tampoco detallaba si los gastos correspondían a una única tarjeta o a plásticos adicionales vinculados a la misma cuenta corporativa.
Como primeras medidas de prueba, González pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta investigada. También requirió información bancaria detallada sobre cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario de la tarjeta utilizada.