La iniciativa fue firmada por los seis concejales de la UCR y propone prohibir la actividad de cuidacoches en toda la ciudad, especialmente en las zonas con estacionamiento medido. El proyecto advierte sobre situaciones de intimidación, cobros ilegales y daños a vehículos.

El bloque de concejales de la UCR en el Concejo Municipal de Resistencia presentó un proyecto de ordenanza para prohibir la actividad de los llamados “trapitos” en toda la ciudad. La propuesta lleva la firma del presidente del cuerpo, Alejandro Aradas, junto a los ediles Javier Dumrauf, Miriam Jara, Ramón Romero, Alejandra Acuña y Analía Verón.

El proyecto plantea la prohibición de la actividad de cuidacoches “en todo el ejido urbano de la ciudad de Resistencia y especialmente en las zonas donde se encuentre implementado el Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido (SIDEM)”.

En sus fundamentos, la propuesta sostiene que actualmente existen personas que desarrollan esta actividad dentro de áreas alcanzadas por el sistema de estacionamiento medido, generando “una sensación de intimidación, presión y temor” en conductores y vecinos.

Además, remarcan que muchas personas se ven obligadas a realizar pagos para evitar posibles represalias, entre ellas daños materiales a vehículos, rotura de vidrios, rayaduras o pinchaduras de neumáticos.

En declaraciones previas, Aradas había planteado la necesidad de abordar el problema del cobro ilegal  que realizan los “trapitos” en distintos puntos de Resistencia. “No podemos hacernos los tontos y mirar para otro lado cuando sabemos que hoy existe cobro de estacionamiento ilegal”, sostuvo.

En ese marco, advirtió que, en algunos casos, estas prácticas están acompañadas de “actitudes violentas o represalias contra los vehículos de quienes se niegan a pagar”, y agregó: “Recibimos muchas denuncias de personas que sufrieron daños en sus autos porque se negaron a pagar lo que demandan los trapitos”.

La iniciativa también señala que el funcionamiento de los “trapitos” resulta incompatible con el SIDEM, ya que implica “cobros paralelos, informales y no autorizados” dentro de un sistema municipal ya regulado, lo que representa una “doble carga económica” para los ciudadanos.

En el texto, los concejales argumentan en el documento que el Municipio debe garantizar el orden público, la libre circulación y el uso adecuado del espacio público, además de prevenir situaciones de coerción, amenazas y ocupación indebida de la vía pública.