El canal A24 difundió un informe crítico sobre la situación financiera del PAMI, en el que se advirtió sobre un fuerte atraso en los pagos a prestadores de salud.

El canal A24 difundió un informe crítico sobre la situación financiera del PAMI, en el que se advirtió sobre un fuerte atraso en los pagos a prestadores de salud y sus consecuencias directas en la atención a los jubilados. Según se detalló, la obra social mantiene una deuda estimada en $500.000 millones con clínicas, sanatorios, laboratorios y otros servicios, lo que comienza a tensionar el sistema.

El relevamiento precisó que el organismo no se encuentra en cesación de pagos ni enfrenta deudas judicializadas, pero sí registra un marcado atraso en la cadena de pagos. En ese marco, se explicó que el financiamiento del PAMI depende de transferencias del Ministerio de Salud, que a su vez responde al Ministerio de Economía de la Nación Argentina, configurando una estructura que hoy presenta demoras en la liberación de fondos.

Deuda, financiamiento y negociaciones en curso

El informe también señaló que, paralelamente, existiría una deuda del propio Estado con el PAMI cercana a los 1.000 millones de dólares, lo que agrava el cuadro financiero. Entre los factores que explican esta situación se mencionaron la caída del empleo formal, restricciones presupuestarias y la eliminación del Impuesto PAIS, del cual un porcentaje significativo se destinaba a programas de la obra social.

En este contexto, se destacó que resultarán claves las negociaciones entre el titular de Economía, Luis Caputo, y su par de Salud, Mario Lugones, para destrabar el envío de recursos. De acuerdo a versiones extraoficiales citadas en el informe, ambas áreas estarían cerca de alcanzar un acuerdo que permita normalizar los pagos en el corto plazo.

Impacto en jubilados y advertencias por copagos

La crisis financiera ya comienza a reflejarse en la atención a los afiliados, con demoras en turnos, restricciones en prestaciones y la aparición de prácticas irregulares como el cobro de copagos. Este último punto fue señalado como particularmente grave, ya que implicaría exigir pagos adicionales en efectivo a jubilados para acceder a estudios o consultas.

“El último eslabón es el jubilado”, remarcaron en el informe, al advertir que la mayoría de los más de 5,4 millones de afiliados perciben haberes mínimos, lo que dificulta afrontar costos extras. En ese sentido, se subrayó que el cobro de copagos es ilegal dentro del sistema PAMI y que los prestadores deberían canalizar sus reclamos por vías institucionales.