​La medida fue oficializada por el Gobierno provincial mediante el Decreto N° 463/2026. Una auditoría detectó faltantes de dinero y falta de rendición de cuentas en los haberes de los adultos mayores de la Residencia “San Roque”.

El Gobierno de la provincia de Chaco dispuso la cesantía inmediata de una agente estatal que cumplía funciones como responsable de la Residencia para Adultos Mayores “San Roque”, tras comprobarse graves irregularidades administrativas y financieras en el manejo de los fondos pertenecientes a los internos de la institución.

​La sanción expulsiva fue ratificada a través del Decreto N° 463/2026, firmado el pasado 31 de marzo. La medida recae sobre la agente identificada mediante las iniciales D.Al.M., quien se encontraba al frente de la administración del establecimiento ubicado en la ciudad termal.

​Auditoría y hallazgos

​La investigación administrativa que derivó en la desvinculación tuvo su origen en una auditoría realizada en abril de 2023. Durante el procedimiento, los inspectores del Ministerio de Desarrollo Humano detectaron la existencia de importantes faltantes de dinero y una absoluta falta de registros en los cuadernos de control de los residentes.

​Según consta en el sumario, la funcionaria ahora cesanteada tenía a su cargo la gestión directa de los haberes jubilatorios y pensiones de los adultos mayores, operando incluso mediante poderes y contratos. Sin embargo, no pudo acreditar de manera documental el destino de dichos fondos, lo que constituye una falta gravísima a los deberes de funcionario público.

​Antecedentes y falta de descargo

​Un agravante clave en el proceso fue la reincidencia. El dictamen técnico reveló que la trabajadora ya contaba con antecedentes disciplinarios por hechos de similar naturaleza registrados en 2021, lo que evidencia un patrón de conducta incompatible con la ética pública requerida para el cuidado de personas en situación de vulnerabilidad.

​Fuentes oficiales señalaron que, a pesar de haber sido notificada formalmente en reiteradas oportunidades, la agente no presentó descargos ni ofreció pruebas que justificaran su accionar, dejando firme la responsabilidad administrativa sobre su gestión.

​Protección de derechos

​La decisión final, respaldada por la Asesoría General de Gobierno, subraya que la conducta de la ahora ex responsable vulneró no solo el patrimonio de los adultos mayores, sino también los principios fundamentales de protección de derechos humanos que rigen en este tipo de instituciones.

​Con esta medida, el Ejecutivo provincial busca sentar un precedente sobre la transparencia necesaria en la administración de residencias públicas, garantizando que el personal a cargo responda a los más altos estándares de integridad.