En Barranqueras, el apellido Santa Cruz atraviesa la estructura pública desde 1983 hasta la actualidad. Cuatro décadas después, distintos integrantes de la misma familia continúan ocupando cargos municipales y provinciales, en un esquema que en el ámbito político local ya se menciona como “Santa Cruz S.A.”.
La principal figura hoy es Gilda Santa Cruz, concejal en su tercer mandato y presidenta del Concejo Municipal por la licencia de Magda Ayala. Con más de 12 años consecutivos en funciones legislativas, su armado político se sostiene —según personas de su entorno— en una red de familiares y dirigentes de confianza incorporados a la estructura estatal.
El origen del entramado
El esquema comenzó con su padre, quien fue concejal y secretario de bloque, cargo con el que se jubiló. Desde entonces, la familia mantuvo presencia permanente dentro del Estado.
Su hermana, María Alejandra Santa Cruz, fue concejal durante dos períodos y luego asumió como directora en el Poder Legislativo provincial, ampliando la inserción familiar más allá del municipio.
Contratos y núcleo familiar
En la actualidad, el entramado incluye:
• Cristian Maidana, esposo de Gilda Santa Cruz, contratado en el Concejo Municipal. Según personas de su entorno político, estaría exceptuado de tareas de timbreo y no cumpliría horario regular.
• Juan Carlos Montiel Santa Cruz, sobrino de la concejal.
• Sus hermanas Patricia y Gabriela Santa Cruz.
• Más de veinte contratados vinculados a su organización política.
De acuerdo a estimaciones realizadas en el ámbito político local, el conjunto de salarios y contratos asociados a esta estructura representaría cerca de 15 millones de pesos mensuales para el municipio. Un monto que, en definitiva, es afrontado por las arcas públicas y financiado por todos los contribuyentes de Barranqueras.
La doble percepción
Gilda Santa Cruz, además de percibir su dieta como concejal y presidenta del Concejo, cobra salario como docente con máxima carga horaria en un establecimiento educativo de la zona de Tres Bocas, en Puerto Vilelas.
Si bien la doble percepción es legal, el cuestionamiento que surge es de carácter ético: en un contexto donde numerosos docentes jóvenes no logran acceder a horas cátedra, la acumulación de carga horaria por parte de una funcionaria política abre un debate sobre equidad y distribución de oportunidades.
Un apellido que no se va
Desde 1983 hasta hoy, la familia Santa Cruz logró sostener presencia constante dentro del Estado municipal y provincial. La discusión que hoy atraviesa a Barranqueras no es solo jurídica, sino política y moral: cuánto cuesta mantener estructuras familiares dentro del Estado y qué impacto tiene eso en las finanzas públicas y en la confianza ciudadana.
El debate está abierto.
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