Los incentivos planteados incluyen subsidios financieros y ajustes en impuestos para compradores
La discusión legislativa sobre el acceso a vivienda en Panamá volvió a tomar fuerza en la Asamblea Nacional, donde la subcomisión de Economía y Finanzas analiza el proyecto de ley 252, una iniciativa que busca impulsar la compra de viviendas usadas mediante incentivos económicos concretos.
La propuesta, que aún se encuentra en fase de evaluación, ha puesto sobre la mesa el debate sobre cómo reducir el déficit habitacional y dinamizar un mercado inmobiliario que enfrenta limitaciones de acceso para miles de familias.
El proyecto, impulsado por la diputada Yamireliz Chong, plantea la creación de mecanismos fiscales y financieros orientados a facilitar el acceso a propiedades de segunda mano, incluyendo un esquema de interés preferencial en préstamos hipotecarios para este tipo de viviendas, algo que actualmente solo aplica para inmuebles nuevos.
Además, se contempla que el Estado subsidie parte de la tasa de interés, con una reducción aproximada de 2% respecto a la tasa de referencia, lo que impactaría directamente en la cuota mensual de los compradores.
Durante las sesiones, los diputados han enfocado el análisis en la viabilidad de establecer incentivos adicionales como la exoneración del impuesto de inmueble para viviendas de hasta $300,000, lo que representa un alivio directo en la carga tributaria de los propietarios.
A esto se suma la propuesta de establecer una tarifa progresiva en el impuesto de bienes inmuebles y un impuesto de transferencia del 3% para este tipo de operaciones, medidas que buscan ordenar el mercado sin desincentivar la compra.
Uno de los puntos que ha cobrado mayor relevancia es el déficit habitacional en Panamá, que se estima en más de 200,000 viviendas, según cifras manejadas por el sector.
Este dato ha sido utilizado como argumento central para sustentar la iniciativa, ya que refleja la brecha existente entre la demanda de vivienda y la oferta disponible, particularmente en segmentos de ingresos medios y bajos que enfrentan mayores restricciones de acceso al crédito.
En ese sentido, los diputados han coincidido en que el mercado de viviendas usadas representa una oportunidad inmediata para reducir esa brecha, debido a que permite activar propiedades ya construidas sin necesidad de nuevos desarrollos, lo que acorta los tiempos de acceso para los compradores.
Además, se ha señalado que este segmento podría contribuir a reactivar la actividad inmobiliaria en zonas urbanas consolidadas, donde existe infraestructura disponible pero baja rotación de inmuebles.
El análisis también ha incorporado la participación de representantes del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Economía y Finanzas y gremios del sector privado, quienes han aportado criterios técnicos sobre la implementación de la propuesta.
Entre los temas abordados se encuentran los requisitos para acceder a los beneficios, como que el comprador adquiera su primera vivienda y no haya sido beneficiario previo de interés preferencial, así como las condiciones del crédito, que tendría un límite de hasta $300,000 y un plazo máximo de 10 años.
Otro aspecto relevante en la discusión ha sido la necesidad de evitar distorsiones en el mercado, como un posible aumento artificial en los precios de las viviendas usadas debido a los incentivos.
Por ello, se ha planteado la importancia de establecer controles y criterios claros de elegibilidad, garantizando que los beneficios lleguen a quienes realmente buscan una solución habitacional y no a inversionistas especulativos.
Desde el punto de vista social, la iniciativa ha sido presentada como una herramienta para ampliar el acceso a la vivienda propia y mejorar la calidad de vida de las familias, especialmente aquellas que han quedado fuera de los programas tradicionales. óla
En ese contexto, los legisladores han resaltado que aprovechar viviendas ya construidas permite un desarrollo urbano más sostenible, evitando la expansión desordenada hacia la periferia.
La subcomisión acordó continuar con el análisis del proyecto el próximo 7 de abril, con el objetivo de recibir nuevas propuestas y ampliar la consulta con otros actores del sector, en un proceso que busca fortalecer la iniciativa antes de su eventual discusión en instancias superiores.
Mientras tanto, el debate sigue abierto, con la expectativa de que las medidas planteadas puedan convertirse en una respuesta concreta a uno de los principales desafíos estructurales del país: el acceso a vivienda digna y asequible.