La Justicia decidió revocar beneficios y endurecer las condiciones de encierro para uno de los implicados en la desaparición de la joven jujeña. Tras más de dos años sin rastros de la víctima, el proceso judicial entra en una etapa de definiciones clave.

En un movimiento que marca un endurecimiento en la custodia de los imputados, las autoridades judiciales del Chaco ordenaron el traslado inmediato de uno de los detenidos por el caso María Luz Herrera al Complejo Penitenciario. La medida se tomó luego de evaluar diversos informes de seguridad y tras las reiteradas solicitudes de la querella, que denunciaba irregularidades en los beneficios de detención que gozaban los sospechosos. Este traslado busca garantizar la sujeción de los imputados al proceso ante la inminencia de nuevas etapas procesales y el inicio del juicio por jurados.

La investigación, que se inició tras la desaparición de la joven el 26 de septiembre de 2023 en Sáenz Peña, mantiene como principales acusados a Darío Ezequiel Godoy Florentín (exnovio de la víctima) y a su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda. Sostuvieron que el traslado a una unidad carcelaria de mayor seguridad responde a la necesidad de evitar cualquier entorpecimiento en la recolección de pruebas finales, especialmente tras los cuestionamientos sobre la vigencia de prisiones domiciliarias que habrían sido infringidas anteriormente. La causa, caratulada como presunto femicidio, cuenta con evidencia científica y testimonios que las autoridades consideran contundentes.

Desde el entorno de la familia de María Luz, manifestaron un alivio parcial ante esta decisión, aunque reiteraron que el objetivo primordial sigue siendo el hallazgo de la joven. Argumentaron que las contradicciones en las declaraciones de los acusados han dilatado el proceso innecesariamente, afectando el derecho a la justicia de una madre que viajó desde Jujuy para seguir de cerca cada audiencia. Por su parte, la defensa de los Godoy insiste en la inocencia de sus clientes y adelantó que impugnarán las nuevas condiciones de detención, alegando problemas de salud persistentes en el mayor de los imputados.

Finalmente, fuentes judiciales confirmaron que se están ultimando las pericias sobre dispositivos electrónicos y discos duros con la colaboración de Gendarmería Nacional, cuyos resultados podrían ser determinantes para la elevación definitiva a juicio. Aseguraron que la prioridad del Ministerio de Gobierno y la Justicia provincial es llevar claridad a un caso que ha conmocionado a la sociedad chaqueña y jujeña por igual. Con el traslado al complejo penitenciario, el Estado busca blindar un proceso que se encamina a ser uno de los debates más significativos del calendario judicial 2026.