La cuestionada reforma al Código Procesal Penal del Chaco habilita explícitamente la prisión preventiva para personas con dos o más causas penales abiertas. La sesión se dio en medio de un hecho llamativo: Carmen Delgado Britto presidía el recinto mientras estaba, por decreto, a cargo de la gobernación ante la ausencia de Leandro Zdero, en una clara violación al principio de división de poderes. La oposición justicialista acompañó el proyecto pero cuestionó su utilidad real y advirtió sobre el hacinamiento carcelario.
La Legislatura chaqueña sancionó este miércoles la modificación del artículo 289 de la Ley 965-N (ex 4538), Código Procesal Penal provincial, con el objetivo de justificar de manera explícita la prisión preventiva para quienes registren dos o más causas penales abiertas por delitos puntuales y reiterados. La votación, tras un debate que se extendió por horas, arrojó 27 votos afirmativos, dos abstenciones —de Analía Flores y Rodolfo Schwartz— y un voto por la permanencia en cartera, de Tere Cubells.
La ley unificó el tratamiento de ocho proyectos: el 2634/24, de autoría del exdiputado Carim Peche, y siete iniciativas agregadas —2959/24, 3138/24, 445/25, 484/25, 1805/25, 2619/25 (este último desafectado sobre el final del debate) y 1572/26—.
El miembro informante fue el presidente del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker, quien calificó al proyecto de “demandado, exigido por la ciudadanía” y lo enmarcó dentro del plan integral de seguridad del gobernador Leandro Zdero. Según los datos que expuso, el 85% de los delitos en el Gran Resistencia son cometidos por “delincuentes en reiterancia”, que tardan un promedio de 49 días entre una detención y otra antes de volver a delinquir, y un tercio de los detenidos reincide en menos de 30 días.
Gyoker sostuvo que se trata de “un problema de falta de castigo” y citó cifras del Ministerio de Seguridad de la Nación que comparan 2023 con 2025: una baja del 15% en homicidios dolosos, del 26% en delitos contra la propiedad y del 6,75% en delitos contra la integridad sexual en la provincia.
El diputado radical Jorge Gómez, exfiscal penal y exministro de Gobierno y Justicia provincial, defendió la reforma como una herramienta que despeja dudas para los fiscales. Explicó que la diferencia con el régimen vigente es de grado: hoy el fiscal “tiene la posibilidad de utilizar o no la reiterancia” para pedir la prisión preventiva, mientras que con la nueva ley “deberá” aplicarla, lo que la convierte en un imperativo. Gómez también rechazó el dato de un aumento de femicidios en la provincia citado por la oposición y ofreció cifras propias de la Corte Suprema de la Nación: 13 femicidios en 2023, 12 en 2024 y 11 en 2025.
Cuestionamientos
El titular del bloque del Frente Chaqueño, Nicolás Slimel, rechazó que la oposición se haya opuesto al tratamiento del tema y acusó al oficialismo de instalar que los legisladores justicialistas estaban en contra de la ley de Reiterancia. Cuestionó además que, pese a la campaña pública sobre el tema, a media mañana del día de la sesión el cúmulo de proyectos todavía no contaba con un despacho unificado.
El diputado Santiago Pérez Pons señaló que la figura de la reiterancia delictiva ya integraba el Código Procesal Penal desde hace 13 años, según había reconocido públicamente el propio Jorge Gómez en una entrevista televisiva cuando era ministro. Cuestionó también que no se haya insistido en requerir la opinión del Ministerio Público Fiscal ni del Poder Judicial durante la elaboración del proyecto. Citó los casos de Tucumán y Mendoza, provincias que ya cuentan con modificaciones similares, donde —afirmó— el porcentaje de reiterancia se duplicó sin que bajaran los delitos reiterados.
La diputada Pía Chiacchio Cavana acompañó el proyecto, pero advirtió sobre sus límites: recordó que, según el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, hay actualmente 1267 personas alojadas en comisarías con capacidad para 759, y alertó que la nueva ley profundizará la sobrepoblación carcelaria. Planteó además que la política preventiva le corresponde al Poder Ejecutivo y no al sistema penal, y reclamó fortalecer las fiscalías comunes junto al Ministerio Público Fiscal.
El diputado Rubén Guillón cerró los cuestionamientos del bloque justicialista con una lectura social del término “reiterancia”, que extendió a la falta de alimentos, los aumentos tarifarios de SECHEEP y SAMEEP y los casos de desnutrición y endeudamiento en los hogares chaqueños, y citó una estrofa del Martín Fierro de José Hernández para señalar que las leyes penales recaen con más fuerza sobre los sectores más vulnerables.
También intervinieron en el debate los diputados Lucas Nass, Maida With, Samuel Vargas, Luciano Moser, María Luisa Chomiak, Katia Blanc, Carlos Salom y Edgardo Reguera.
¿Qué establece?
La ley sancionada este miércoles modifica el Código Procesal Penal del Chaco y establece nuevos criterios para evaluar la necesidad de restringir la libertad de una persona durante un proceso penal. La principal novedad es la incorporación de la reiterancia delictiva como un supuesto que puede ser tenido en cuenta para disponer medidas de coerción y prisión preventiva.
La norma define como reiterancia delictiva la situación de una persona que tenga más de un proceso penal en trámite y haya sido formalmente imputada en ellos por hechos que contemplen penas privativas de la libertad. Es decir, no se requiere que exista una condena previa firme: alcanza con que haya más de una causa penal en curso con una imputación formal.
A partir de la reforma, fiscales y jueces deberán considerar la reiterancia como una circunstancia objetiva, junto con los demás elementos particulares de cada expediente, al momento de decidir si corresponde imponer una medida restrictiva de la libertad.
Además, la ley incorpora la reiterancia entre las circunstancias que pueden utilizarse para inferir la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. De esta manera, la acumulación de procesos penales en trámite podrá tener incidencia en la evaluación del riesgo procesal y, eventualmente, en la decisión de disponer prisión preventiva.
Doble rol
La sesión se desarrolló en un contexto institucional atípico: la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado Britto, se encontraba a la vez a cargo del Poder Ejecutivo provincial en reemplazo de Leandro Zdero, quien permanecía de viaje. Si bien el reemplazante institucional inmediato del primer mandatario es quien se encuentre en ese momento al frente de la vicegobernación, el cargo se encuentra vacante desde el 10 de diciembre de 2025, cuando Silvana Schneider —compañera de fórmula de Zdero— asumió como senadora nacional.
La superposición de funciones de Britto ocurrida este miércoles viola el principio de división de poderes, que impide a una misma persona ejercer simultáneamente la titularidad de dos poderes del Estado, y podría derivar en un planteo de nulidad sobre la sesión si algún legislador decidiera impugnarla. El resultado abrumadoramente favorable a la ley de Reiterancia, sin embargo, hace poco probable que la cuestión se judicialice.
El artículo 137 de la Constitución provincial establece que, ante la ausencia del gobernador (y acefalía de la vicegobernación), la presidenta de la Cámara asuma transitoriamente el Poder Ejecutivo. Pero para la conducción de la Legislatura rigen el artículo 116 de la Constitución y los artículos 37 y 38 del Reglamento Interno, que establecen que cuando quien ejerce la Presidencia está impedida o ausente debe ser reemplazada, en su orden, por la vicepresidenta primera (Susana Maggio) o por el vicepresidente segundo (Pérez Pons). Esa subrogación debe instrumentarse mediante una resolución que indique el motivo y, superada la causa, corresponde dictar el acto de reasunción. Mientras el decreto que ponía a Brito al frente del Ejecutivo siguiera vigente, entonces, estaba funcionalmente impedida para presidir la sesión legislativa.
Fue el propio Pérez Pons quien alertó sobre la situación durante el recinto: dejó constancia que, según el decreto 1959/2026, el gobernador estaría fuera de la provincia entre el 23 y el 27 de agosto y que, en ese lapso, el Ejecutivo quedaba a cargo de la presidenta de la Cámara, por lo que planteó una “preocupación” sobre la validez de la sesión conducida en esas condiciones.
Según pudo constatar LITIGIO, el decreto 1959/2026, casualmente, no está publicado en la web oficial del gobierno chaqueño. Los que sí se encuentran disponibles en el Sistema de Gestión de Trámites son los decretos inmediatamente anteriores y posteriores: hasta el 1958/26 consta la firma de Zdero, mientras que el 1960, 1961, 1962 y 1963 están rubricados por Carmen Delgado Britto “a cargo del Poder Ejecutivo del Chaco”.
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