La asesora de Niñez, Adolescencia y Familia de Resistencia, Natalia Facchin, pidió al Juzgado Civil y Comercial Nº 20 que dicte sentencia en el amparo por el ECA N°2 tras un acta que reveló falta de personal y de transporte propio en el hogar. El reclamo se suma a un informe de junio del Comité contra la Tortura sobre el mismo dispositivo y a un déficit similar detectado en el ECA N°1.
La asesora de Niñas, Niños y Adolescentes N°1, Natalia Facchin, presentó un dictamen ante el Juzgado Civil y Comercial N°20 de Resistencia en el que solicitó que dicte sentencia y haga lugar a la acción de amparo que impulsa desde marzo de 2025 contra la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Poder Ejecutivo provincial por la situación del Espacio Convivencial Alternativo N°2, ubicado en Catamarca al 600 y actualmente denominado Centro de Resguardo SOTAI 2°. Hasta el momento, la principal medida adoptada por el gobierno de Leandro Zdero fue cambiar el nombre a los dispositivos.
El pedido, con habilitación de días y horas inhábiles, se fundamenta en un acta de una audiencia celebrada durante la feria judicial ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°1. Según informó la asesora, de ese acto surgió la ausencia de recursos de personal en el dispositivo y la inexistencia de un medio de movilidad propio, una carencia que —señaló— vulnera el derecho de los niños alojados a mantener vínculo entre sí, en particular el de hermanos que residen en distintos hogares, uno de ellos en el ECA N°2. Por tratarse de un acta de carácter reservado, Facchin remitió el instrumento por correo oficial al juzgado y pidió que se incorpore como prueba, con la debida reserva, para que se resuelva la causa.
Un amparo con antecedentes de fallas edilicias
La acción de amparo por el ECA N°2 no es nueva, de hecho lleva más de un año y medio de tramitación. En diciembre pasado, un relevamiento del Departamento de Arquitectura del Poder Judicial del Chaco —ordenado por el propio juzgado interviniente— había detectado deficiencias consideradas de riesgo elevado en la seguridad contra incendios, las instalaciones eléctricas y los desagües del edificio, además de falencias de habitabilidad como la falta de mobiliario cerrado en los dormitorios. El pedido de sentencia formulado ahora por la asesoría se inscribe en esa misma causa, y busca que la Justicia confirme y ordene el cumplimiento de las medidas reclamadas desde el inicio del proceso.
El último relevamiento del Comité contra la Tortura en junio
Ese mismo hogar había sido objeto, el 4 de junio, de una visita de monitoreo del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco. El informe resultante, elaborado tras recorrer las instalaciones y entrevistar a las autoridades del dispositivo, describió una institución con 24 trabajadores becados y 18 de planta, pero con un equipo técnico integrado por una sola trabajadora social de planta permanente, lo que el propio Comité calificó como una insuficiencia de recursos profesionales especializados. El personal becado —que cobra alrededor de $150.000 mensuales— había pasado a trabajar jornadas de cuatro horas durante cinco días con una semana de descanso, y las autoridades entrevistadas manifestaron preocupación por la reducción de horas y la salida de trabajadores considerados referentes para los niños.
En cuanto a la población alojada, el relevamiento contabilizó 16 varones de entre 7 y 13 años, de los cuales 14 tenían sus medidas de protección ratificadas por control judicial de legalidad, mientras que otros dos casos —uno de ellos ingresado apenas semanas antes de la visita— aún no contaban con esa formalización. El informe también advirtió sobre la alimentación, con desayunos y meriendas limitados a cocido con pan y proteínas insuficientes en los almuerzos, la falta de armarios y de ropa interior de uso individual para los niños, y problemas de mantenimiento que incluían heladeras y lavarropas industriales fuera de servicio, cámaras de seguridad sin funcionar y baños con condiciones deficientes de higiene. El Comité recomendó incorporar profesionales especializados, regularizar con carácter urgente la situación legal de los niños sin medida formalizada y fortalecer la provisión alimentaria y las mejoras edilicias.
Un cuadro que se repite en el Centro de Resguardo N°1
El planteo por el ECA N°2 no es un caso aislado dentro del sistema de protección de infancia en Chaco. Días antes, la misma asesoría había presentado ante la Cámara de Apelaciones un dictamen en el marco de otra acción de amparo, esta vez referida al Centro de Resguardo N°1 (exECA N°1), en el que acompañó una grilla de personal que exhibe un déficit todavía más pronunciado. Según ese informe, el dispositivo dispone de 25 operadores —ocho de planta y 17 becados— para cubrir 74 jornadas semanales de ocho horas, cuando el parámetro fijado por la sentencia de grado exige un operador cada dos bebés y uno cada cuatro niños mayores, lo que demandaría 168 jornadas semanales.
La asesoría calculó un déficit de 94 jornadas por semana, equivalente a entre 24 y 31 operadores adicionales, y concluyó que la dotación actual cubre apenas el 45% de lo requerido para atender a los más de 30 niños y bebés institucionalizados, que además quedan sin personal de enfermería en los turnos vespertino y nocturno. En ese expediente, la asesoría solicitó que la Cámara confirme la sentencia de primera instancia.
Los dos reclamos, tramitados en juzgados distintos pero impulsados por la misma asesoría, describen un patrón común: hogares convivenciales que alojan a niños con medidas de protección excepcional y que operan con plantas de personal muy por debajo de lo que sus propias sentencias judiciales exigen.
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