Fuentes oficiales confirmaron que Diego Landriscina solicitó formalmente una licencia a su cargo como Secretario de Gobierno este domingo 22 de febrero de 2026, convirtiéndose en el primer funcionario de alto rango en dar un paso al costado tras estallar la crisis por las inversiones municipales. Quienes siguen de cerca la gestión de Bruno Cipolini interpretan esta decisión como una consecuencia directa del escándalo vinculado a la Bolsa de Comercio del Chaco, donde el municipio habría operado con fondos públicos en instrumentos de alto riesgo, generando pérdidas que, según denuncias opositoras, superarían los mil millones de pesos.
Los motivos expuestos por el entorno de Landriscina señalan que buscan aportar claridad y evitar que su permanencia en el cargo sea interpretada como una interferencia en las investigaciones judiciales. Actualmente, el funcionario se encuentra en el centro de la controversia luego de que directivos de la Bolsa de Comercio afirmaran públicamente que él era el agente autorizado para operar las cuentas municipales, las cuales habrían migrado desde 2023 hacia segmentos “no garantizados” sin el debido respaldo legal. Mientras el intendente Cipolini sostiene que el municipio fue víctima de maniobras no autorizadas por parte de la entidad bursátil, las presentaciones ante la Fiscalía Nº 3 apuntan a la responsabilidad del ahora exsecretario en la toma de decisiones financieras.
En los pasillos del Palacio Municipal, diversos sectores evalúan que el alejamiento busca mitigar el impacto político de una causa que ya acumula imputaciones por incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales. Al declarar que su retiro es una medida para “resguardar el normal funcionamiento del equipo de gobierno”, Landriscina intenta descomprimir la presión sobre una administración que todavía no ha logrado explicar documentalmente el origen de los excedentes utilizados en el mercado de capitales. Por el momento, la Justicia provincial y federal avanzan en el peritaje de las cuentas oficiales para determinar si existió una “timba financiera” con el patrimonio de los saenzpeñenses.