El presidente Javier Milei autorizó mediante un decreto la salida del territorio nacional de medios y personal de las Fuerzas Armadas para participar del ejercicio multinacional PANAMAX 2026, que se desarrollará en Panamá entre el 27 de julio y el 15 de agosto. La decisión generó cuestionamientos debido a que el envío de tropas al exterior suele requerir autorización previa del Congreso de la Nación, trámite que no se concretó.
El decreto autoriza la participación en PANAMAX 2026
La medida establece en su Artículo 1° que se autoriza «la salida del territorio nacional de medios y personal de fuerzas nacionales para la participación en el Ejercicio Multinacional ‘PANAMAX 2026‘». Además, dispone que los gastos de la operación serán cubiertos con partidas del Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El documento oficial detalla que PANAMAX 2026 se desarrolla sobre un escenario ficticio vinculado al Canal de Panamá, donde una fuerza multinacional debe responder a una eventual amenaza que busque bloquear, sabotear o atacar esa vía estratégica. Según el texto, las operaciones se realizan bajo la hipótesis de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que habilita la acción militar conjunta.
Crecen los cuestionamientos por la intervención del Congreso
La decisión del Ejecutivo abrió un debate político y jurídico. Sectores de la oposición sostienen que la participación de tropas argentinas en este tipo de ejercicios internacionales requiere autorización del Poder Legislativo, por lo que advierten que el decreto podría entrar en tensión con el procedimiento previsto para este tipo de despliegues militares.
El operativo PANAMAX es un ejercicio multinacional impulsado en el marco del Comando Sur de Estados Unidos, con el objetivo de entrenar la coordinación entre fuerzas de distintos países ante un eventual bloqueo o amenaza sobre el Canal de Panamá, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. En ese contexto, la decisión del Gobierno volvió a instalar el debate sobre los alcances de las facultades presidenciales en materia de defensa y política exterior.
